Varios locales contaban con conexiones clandestinas.

La agente fiscal Vanesa Candia imputó a varios comerciantes que tenían conexiones clandestinas de electricidad en sus locales, ubicados en el Parque Mercosur del kilómetro 9 de Ciudad del Este.

Ellos son Kalil Mahamede Hazime, Majidah Safieddine de Nasser, Jeomar José Paz Rodríguez, Murildo Thiago Prado, El Sakaan Atef Yehya y Eduardo Atanasio Coronel Vida, quienes soportan cargo por Sustracción de Energía Eléctrica.

Según la investigación, el 20 de mayo del presente año, representantes legales de la Administración Nacional de Electricidad denunciaron el ilícito. En la misma fecha, una comitiva fiscal-polical, con el acompañamiento del juez penal de garantías Carlos Vera Ruiz y del Ing. Félix Sosa, de la ANDE, procedió a verificar los locales individualizados con los números 25, 26, 27, 28, 30, 31 y 182, pertenecientes a la firma Mabruk Import-Export S.R.L., cuyo responsable fue identificado como Kalil Mahamede.

En todos estos locales fueron hallados irregularidades en la conexión eléctrica (sin medidor y conexión directa del suministro de energía).

De la misma manera, la comitiva procedió a la verificación del depósito número 40 de la firma Tech And Service S.A., perteneciente a Majidad Safieddine y Jeomar José Paz Rodríguez. Allí también los técnicos de la ANDE detectaron conexiones irregulares.

Prosiguiendo con el operativo, los intervinientes igualmente constaron irregularidades en el depósito 79, propiedad de Murildo Thiago Prado, que también tenía conexión directa. De igual forma, se procedió a la verificación del depósito 9, propiedad de El Sakaan Atef Yehya, donde se encontró conexión eléctrica directa. Así como en el local denominado Tronminer S.A., propiedad de Eduardo Coronel.

El ingeniero Félix Sosa declaró en su momento que comprobaron que 6 fábricas sustraían energía eléctrica de la ANDE en el Parque Mercorsur. “En el sector habíamos colocados medidores totalizadores y se constató que el 45 por ciento de lo que entraba de energía no se facturaba, y eso generaba una pérdida de más de 500 millones de guaraníes al mes”, refirió.

Tras reunir varios informes y obtener la identidad de los propietarios de los locales intervenidos, el Ministerio Público finalmente dispuso la imputación de todos ellos. A la vez solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión y pidió cuatro meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.

La Fiscalía indaga además la identidad de otras personas que igualmente estarían implicadas en el mismo hecho punible y que eventualmente serían procesadas, según anunció la fiscal Vanesa Candia.