Directivos de la empresa OREL S.R.L.

El agente fiscal Humberto Javier Rosetti, imputó a cuatro directivos de la empresa "OREL S.R.L." por un supuesto lavado de más de 17 millones de dólares americanos. Los procesados son Richard Eduardo Almada Brtos, Sergio Fernando Estigarriba, Roberto Carlos Chamorro López y Nery Alberto Duarte Denis, quienes soportan cargo por Lavado de Dinero. El titular de la Unidad Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Contrabando requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los encausados.

Según los antecedentes, el 16 de setiembre de 2010, los citados empresarios constituyeron la firma en cuestión, ante el escribano Juan Gilberto Orella, y registraron en la Dirección General de los Registros Públicos. La empresa fue constituida con un capital social de 2.500 millones. El objeto de la sociedad fue establecido para la importación y exportación de productos varios y mercadería general, distribución, representación y comercialización.

A partir de su constitución, "OREL S.R.L." comenzó a operar en el mercado local de Ciudad del Este, realizando importaciones de productos del exterior y su posterior comercialización a nivel nacional. En dicho contexto, los dueños de la firma concretaron transferencias al exterior por un total de 127.057.319 dólares entre los años 2011 y 2013. Sin embargo, las importaciones oficializadas ante la Dirección Nacional de Aduanas, en el mismo periodo, fue solamente por 109.788.288 de dólares, arrojando una diferencia de nada menos que 17.269.031 de dólares.

Independientemente a los montos especificados en las operaciones de transferencias al exterior y las importaciones concretadas por el sistema oficial, la empresa "OREL S.R.L." presentó en su momento declaraciones juradas de ingresos en los formularios de IVA e IRACI, con una discrepancia de 6.023.083.307 millones.

En el mismo contexto, los depósitos realizados en cuentas corrientes en los bancos con los que operaba la firma, superan los 261.945.619.998 a las ventas declaradas de IRACI, surgiendo de este modo una gran diferencia entre los ingresos declarados en la actividad impositiva y los movimientos realizados en el sistema financiero.

Según el escrito de imputación, igualmente existirían otros ilícitos cometidos por los encausados y que serían determinados con precisión durante el desarrollo de la investigación. Estos podrían configurarse en hechos punibles de contrabando y declaración jurada.

En base a los elementos colectados, el Ministerio Público formuló una reserva expresa ante el Juzgado Penal de Garantías con relación a la eventual ampliación de la presente imputación. Finalmente, el fiscal Humberto Rosetti solicitó 6 meses de plazo para la conclusión de la investigación y correspondiente presentación del requerimiento conclusivo.