La víctima había comprado una propiedad de 20 hectáreas en Minga Guazú por US$ 280.000, de uno de los ahora procesados.

La fiscal Hermenegilda Cubilla imputó a dos comerciantes y dos abogados por los supuestos hechos punibles de Estafa, Apropiación y Extorsión. Ellos son Enrique Kakazu (62), de nacionalidad argentina; María Nunila López de Araujo (56), Julio César Benítez Viedman (56) y Sergio Alberto Ayala Garcete (38), estos dos últimos son profesionales del derecho.

Según la denuncia que obra en el Ministerio Público, el 17 de junio de 2011, el señor Julio Sergio García habría comprado de Kakazu un inmueble de 20 hectáreas, ubicado en el distrito de Minga Guazú, por la suma de 280.000 dólares americanos.

El acuerdo se realizó a través de un contrato privado, celebrado en una escribanía de la zona. En el acto, el comprador supuestamente pagó la suma de 120.000 dólares y por el restante habría firmado un pagaré de 160.000 dólares, que pagó en varias cuotas, hasta cancelar la deuda el 11 de marzo de 2013. En ese acto se inició la escritura pública del inmueble, que se detalla como matrícula K13/8357, Lote 7, Manzana 14. Sin embargo, llamativamente el vendedor se habría negado a devolver el pagaré a Julio García.

Posterior a la realización de la escritura pública, en fecha 15 de junio de 2014, el señor Julio García recibió una notificación sobre un juicio ejecutivo por la suma de 177.500 dólares, iniciado en su contra por la ciudadana María Nunila López. Para el efecto, Enrique Kakazu le habría endosado el pagaré por el que la víctima ya había pagado, según refiere la imputación.

En el transcurso del juicio ejecutivo, ante los gastos y pérdidas, Julio Sergio inició una convocatoria de acreedores. En fecha 6 de setiembre, el Juzgado admite la convocatoria y se presentan los abogados Benítez Viedman y Ayala Garcete. El primero reclamando 10.000 dólares de honorarios en representación del segundo, que a su vez exigía el pago de 77.500 dólares. Mientras, María Nunilda reclamaba 177.500. El monto total exigido fue de 265.000 de la moneda norteamericana.

Luego, el 1 de agosto de 2016, mediante un acuerdo privado, el señor Julio García le habría entregado la suma de 50.000 dólares a Julio Benítez por la supuesta deuda, 40.000 eran para él y 10.000 para Sergio Alberto, según el acuerdo que suscribieron.

El 6 de agosto de ese mismo año, el afectado supuestamente entregó otra vez al profesional del foro la suma de 50.000 dólares, cumpliendo con el pago de las cuotas pactadas. Después, el 30 de agosto le habría entregado nuevamente 50.000 dólares, totalizando el monto de 140.000, cancelando presuntamente de esa manera la deuda con Benítez Viedman y Ayala Garcete.

Más adelante, según la escritura pública número 447 de fecha 21 de noviembre de 2016, Julio García también acordó con María López, a quien le habría entregado un cheque por valor de 289.000.000 de guaraníes, cancelando de esa forma la supuesta deuda de la mujer con Enrique Kakazu. Todos los pagos presumiblemente se realizaron bajo presiones y extorsiones, en el marco del juicio de la convocatoria de acreedores. Incluso, hasta la fecha no le devolvieron el pagaré, según obra en la carpeta de investigación.

Tras la cancelación de los pagos del juicio de convocatoria de acreedores, el 7 de mayo de 2015, Sergio Ayala se subroga presuntamente los derechos de María Nunilda López, quien continúa el juicio ejecutivo, reclamando los 177.500 dólares, según consta en el A.I. Nº 169 del Juzgado Civil y Comercial del segundo turno de Ciudad del Este. A raíz de la situación, la Justicia trabó embargo sobre el inmueble que había adquirido la víctima en Minga Guazú y sobre otra propiedad ubicada Ciudad del Este, que actualmente se encuentran pendiente de aprobación para remate.

A raíz de esto, Julio Sergio García realizó la denuncia penal en el Ministerio Público. Finalmente, tras reunir suficientes elementos de sospechas, la fiscal Hermenegilda Cubilla decidió la imputación de Enrique Kakazu, María Nunila López de Araujo, Julio César Benítez Viedman y Sergio Alberto Ayala Garcete por los supuestos hechos de Estafa, Apropiación y Extorsión.