Imputan a empleados de Tigo por supuesta estafa de G. 800 millones
Habrían manipulado el sistema informático parra retirar teléfonos de última generación de varias marcas. Foto ilustrativa.
La fiscal Vanesa Candia imputó a tres funcionarios de una empresa de telefonía por los supuestos hechos punibles de Apropiación y Estafa Mediante Sistema Informático. Los procesados son Gustavo Daniel León Lugo (33), Gustavo Darío Adorno Benítez (31) y María José Aranda Gómez (25).
Según la investigación, los citados se desempeñaban como empleados de la sucursal de la firma Tigo de Ciudad del Este y desde mediados de 2019 habrían realizado manipulación de información contenidas en el sistema informático de la referida organización empresarial.
Mediante la utilización de datos falsos, los hoy encausados tramitaban supuestamente la obtención de equipos telefónicos de última generación (Samsung S10, Samsung S10 Plus, Iphone XR), entre otros, con costo cero a varios abonados de la firma, que eran elegibles acorde a ciertos criterios establecidos con anterioridad entre Tigo y su clientela.
Añaden los datos, que los hoy procesados realizaban presuntamente las gestiones falsas a nombres de los abonados e ingresaban solicitudes apócrifas al sistema informático. Por consiguiente, conseguían las autorizaciones correspondientes y retiraban los equipos, con los cuales se quedaban y no hacían llegar a los clientes, a quienes realmente correspondían retirar esos aparatos.
La situación saltó a luz mediante una comunicación realizada por la empresa Coopasam. A nombre de dicha firma se retiraron varios teléfonos, que nunca fueron entregados a los responsables. Las gestiones fueron realizadas por los ahora enjuiciados, quienes se encargaron de retirar los equipos de Tigo.
Igualmente, saltaron otras gestiones similares realizadas por los indiciados, con el mismo modus operandi, y donde resultaron víctimas varias empresas y personas particulares. Con una verificación preliminar, detectaron presuntamente que 154 equipos fueron retirados mediante gestiones hechas por los procesados, provocando un perjuicio de unos 800 millones de guaraníes a la firma telefónica.
La fiscal Vanesa Candia requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para León Lugo, Adorno Benítez y Aranda Gómez, atendiendo que los hechos presuntamente cometidos constituyen delitos.
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