Imputan a suboficial que amenazó con arma de fuego a personal de salud
Fue reducido por médicos y enfermeros, quienes lograron desarmarlo tras forcejeo.
Un suboficial de Policía fue imputado por la fiscal Cinthia Leiva Cardozo por la supuesta comisión del hecho punible contra la administración pública (Resistencia). Se trata de Pascual Prieto Montiel (34), quien quedó a disposición de la Justicia.
El ilícito sucedió este 20 de abril, a las 23:50 aproximadamente, dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este. En la ocasión, el personal policial acudió al servicio médico juntamente con su pareja Lilian Fabiola Gamarra y su hija de 2 años, quien presentaba un cuadro febril.
La pequeña fue atendida por la médica de guardia María Alejandra González Barboza, mientras el Lic. en Enfermería Blas Antonio Abdala preparaba la ficha de la menor. En un momento dado, el agente del orden tomó algunas fotografías del momento en que su hija era atendida por la galena.
La profesional le advirtió al hombre que estaba prohibido captar imágenes en la sala de urgencia. A raíz de esta situación, el ahora imputado se puso furioso y comenzó presuntamente a maltratar a los profesionales, hasta que el enfermero le pidió que saliera del lugar.
Sin embargo, Prieto Montiel se negó a abandonar el sitio y refirió al personal de blanco que si le pasaba algo a su hija, él sería el responsable. Allí, se originó un forcejeó, seguidamente el policía salió corriendo del lugar. Aunque instante después regresó y desafió a Blas Abdala a que salga afuera y lo amenazó nuevamente.
Posteriormente, habría propinado golpes de puño en el rostro al profesional de salud. Asimismo, se tocó su cintura, con la aparente intención de sacar su pistola reglamentaria. En ese momento, el mismo fue reducido y desarmado por los presentes y entregado al personal policial que presta servicio en el nosocomio.
Luego de la comunicación al Ministerio Público, la fiscal Cinthia Leiva dio inicio a la investigación contra el miembro de la fuerza pública. La representante del Ministerio Público requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el enjuiciado.
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