Hasta conocer la sentencia judicial de la mensura realizada por la empresa GeoCad, contratada por la Municipalidad para el trabajo.

Tras varios eschaches y manifestaciones de moradores de la denominada “Finca 66”, contra la Municipalidad y el intendente Miguel Prieto, finalmente, ambos sectores ayer mantuvieron una reunión para debatir la problemática. Finalmente, la Comuna se comprometió a articular medidas legales para que se detengan los desalojos en la zona hasta que  exista una sentencia definitiva por parte del Poder Judicial, con relación a la mensura judicial, cuyo trabajo técnico culminó hace poco.

La institución a cargo de Miguel Prieto, convocó a una conferencia de prensa en una plaza del barrio Che la Reina, donde trató de explicar la situación actual en que se encuentran los inmuebles tras la mensura judicial. Los ánimos estuvieron muy caldeados y los pobladores sumamente exaltados.

Representantes de la empresa GeoCad, adjudicada por la Municipalidad para realizar la mensura, explicaron que el trabajo de visita casa por casa, mediciones y todo el trabajo técnico ya se realizó y que, el Poder Judicial debe emitir una sentencia al respecto.

REUNIÓN EN EL PODER JUDICIAL

Tras el encuentro con vecinos, Prieto y los pobladores afectados, llegaron hasta el Poder Judicial, ubicado en el km 8 Monday,  donde se reunieron con la presidente de la Sexta Circunscripción Judicial, Juliana Giménez.

Tras la reunión el asesor Jurídico de la Municipalidad, explicó que los desalojos deben frenarse “caso por caso”.  Por ello, pidió a los pobladores que hayan recibido órdenes de desalojo, que presenten sus documentos ante la Comuna, de manera que los abogados presenten una acción autónoma de nulidad para frenar los desalojos.

“Cada juez es independiente, y no podemos nosotros, ni la presidente de la Sexta Circunscripción, ordenar a los jueces que ya no autoricen desalojos”, expresó.

DIVERSOS CASOS

Prieto explicó que existen varios casos complejos en la zona afectada. Apuntó que en algunos casos existen hasta tres títulos de inmobiliarias dudosas. Otros casos donde los ocupantes ya tienen sus boletas canceladas, pero aún así aparecen otras personas que dicen ser los dueños, y otros casos complejos.

Unas 1000 familias corren riego de ser desalojadas de sus inmuebles. Hay terrenos afectados desde el barrio Pablo Rojas, San Antonio, La Blanca, Che la Reina, hasta el barrio Don Bosco, en inmediaciones del Colegio Soldado Paraguayo.

Los pobladores exigen que se reconozca la ley 35/90, que expropia la llamada “Finca 66” a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que otras empresas privadas no pueden promover desalojos.