Los exdirectivos del club Atlético 3 de Febrero de Ciudad del Este, Antonio Aranda Encina y Jorge Aquino.

El fiscal Luis Trinidad Colmán formuló acta de imputación en contra de los exdirectivos del club Atlético 3 de Febrero de Ciudad del Este, Antonio Aranda Encina y Jorge Aquino, quienes habrían incurrido en el supuesto hecho punible de desacato judicial.

La denuncia sobre el caso fue presentada en Mesa de Entrada del Ministerio Público por la magistrada Maricel Meaurio, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. 

La acción refiere que el 10 de mayo del 2017, varios asociados del club Atlético 3 de Febrero presentaron en el Juzgado de referencia una demanda ordinaria de obligación de hacer escritura pública contra la referida entidad deportiva.  Manifestaron que como socios adquirieron butacas vitalicias, pagando cada uno de ellos la suma de 2.000 dólares americanos, conforme a las instrumentales que presentaron en su momento. 

Señalaron que tras el pago efectuado por las citadas butacas vitalicias recibieron los carnés respectivos, firmados y expedidos por los representantes legales de la empresa "Eventos y Construcciones S.R.L.", cuyo propietario es el ahora imputado Antonio Aranda Encina y el secretario era Jorge Aquino.

Hasta el inicio de la demanda civil, los denunciantes solicitaron a los representantes de la citada empresa la expedición de título de propiedad de las butacas vitalicias, ya que les pertenece, según el contrato de construcción y explotación del estadio del club 3 de Febrero y en cumplimiento del mandato otorgado a la comisión directiva en la asamblea general extraordinaria de fecha 18 de noviembre de 1998 y por la asamblea general extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2004, que resolvió la renovación del contrato de explotación y administración del escenario del estadio.

Todas las documentaciones fueron agregadas al expediente judicial y ante tales hecho, la magistrada Maricel Meaurio remitió varios oficios a los responsables del club, Antonio Aranda y Jorge Aquino (presidente y secretario en aquel entonces) para que remitan los informes respectivos, solicitando también la presentación de título de propiedad de las butacas vitalicias y ante la negativa de la entidad deportiva en contestar o enviar dichos informes, el Juzgado remitió los antecedentes en el ámbito penal y denunció formalmente el hecho. 

Consecuentemente, el fiscal Luis Trinidad Colmán presentó la imputación correspondiente por desacato judicial y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva para los dos encausados.