La mujer por no haber intervenido para evitar el homicidio y el adolescente por flashear el celular del autor confeso.

La agente fiscal Natalia Montanía requirió la prisión preventiva de María Antonia Fernández Morel (19), a quien imputó por Omisión de Aviso de un Hecho Punible. La misma supuestamente se encontraba en un sanitario del Juzgado de Hernandarias el sábado 27 de junio cuando el guardia de seguridad Wilson Miguel Scappini Villalba habría asesinado a la magistrada Diana Eveline Mereles Duarte.

Paralelamente, la representante del Ministerio Público también imputó a un adolescente, técnico en celulares, que habría flasheado el teléfono del principal sospechoso del crimen, a pedido de la ahora imputada. El menor soporta cargo por Frustración de la Persecución y Ejecución Penal.

La investigación fiscal refiere, que aquel 27 de junio, a las 11:30 aproximadamente, María Antonia fue hasta el Juzgado de Hernandarias, en la calle Uruguay, del barrio San Antonio, junto al encargado de seguridad. La misma habría sido trasladada hasta el lugar por una amiga, a bordo de una motocicleta.

Luego, la joven habría ingresado al sanitario del Juzgado, donde supuestamente se encerró y mantuvo relaciones sexuales con Scappini Villalba. En un momento dado, la jueza Diana Eveline habría llamado al sujeto, quien inmediatamente hizo una seña a María Antonia para que la misma no hiciera ruido y acto seguido salió junto la magistrada.

Allí, el hombre habría asesinado a la titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral, del Segundo Turno, al atacarla y golpearla presuntamente en el rostro con un extintor de fuego, y tras caer por la escalera le habría sujetado con un cable del cuello a la víctima, a quien arrastró con dirección al pasillo, presumiblemente con la intención de provocarle una asfixia mecánica. Allí, nuevamente el guardia de seguridad habría aplicado golpes con una piedra a la cabeza de la mujer, provocándole la muerte

Pese a los gritos de auxilios de la víctima, la hoy imputada María Antonia Fernández no intervino y tampoco dio aviso a las autoridades para evitar el desenlace, que fue la muerte de Diana Eveline Mereles.

Tras el crimen, la joven presumiblemente se retiró del lugar, al ser buscada nuevamente por su amiga, llevando el teléfono celular de Wilson Miguel Scappini. Luego, el aparato telefónico fue entregado al técnico en celulares, identificado con las iniciales J.D.P. (16), quien procedió al flasheo del aparato, a fin de evitar la localización del supuesto homicida.

Basándose en los diferentes elementos de sospechas, la fiscal Natalia Montanía dispuso la imputación de María Antonia y solicitó al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva.

“La prisión preventiva de la imputada es necesaria, en razón de que existen elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible grave, Omisión de Aviso de un Hecho Punible, con expectativa punitiva elevada”, resalta la imputación. Señala además, que la sospechada no cuenta con arraigo y existe peligro latente de fuga.