Se trata de una conocida abogada y docente de CDE, quien despojó a sus padres de sus bienes.

Una pareja de ancianos fue estafada por su propia hija, quien es una conocida abogada y docente de Ciudad del Este. La misma no solo habría cometido el delito de estafa contra sus padres, sino también abuso de confianza y manipulación.

La fiscal Carolina Rosa Gadea, de la Unidad Penal n° 5, ha imputado a la abogada y docente María Lourdes Parra Colmán por el delito de estafa en perjuicio de sus propios padres y hermana. La acusación describe un esquema de engaño orquestado por la profesional del derecho, quien, valiéndose de su conocimiento jurídico y de la confianza de sus familiares, presuntamente los despojó de bienes valuados en cientos de millones de guaraníes.

De acuerdo a la denuncia, María Lourdes Parra Colmán, de 42 años, casada y domiciliada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este, convenció a sus padres, Juana Bautista Colmán de Parra, de 70 años, y Carlos Ramón Parra, de 73, para que le transfirieran sus bienes bajo el argumento de una supuesta deuda con una cooperativa. Alegando un riesgo de embargo preventivo sobre los bienes familiares, la acusada sugirió a sus padres que era necesario transferir a su nombre todas sus propiedades, así como el dinero en sus cuentas, para evitar la "pérdida de todos sus bienes".

El esquema comenzó a materializarse el 20 de noviembre de 2021, cuando la abogada formalizó una Escritura de Donación de Inmueble como Anticipo de Herencia con Reserva de Usufructo Vitalicio, una figura legal que le permitió tomar control de los bienes inmuebles de sus padres mientras ellos aún vivían. De acuerdo con los documentos fiscales, entre los bienes transferidos se incluyen cuatro inmuebles ubicados en Ciudad del Este, valorados en total en aproximadamente 315 millones de guaraníes. Estos son:

Un inmueble en la Fracción Los Pinos, de 364 metros cuadrados, con un valor estimado de 82.411.648 guaraníes. Otro lote en la misma fracción, de similar tamaño, valuado en 30.980.404 guaraníes. Un tercer inmueble en el barrio Ciudad Nueva, con una extensión de 735 metros cuadrados, estimado en 157.357.323 guaraníes. Un cuarto lote en la Fracción Los Pinos I, de 420 metros cuadrados, valorado en 44.841.332 guaraníes.

Además de estas propiedades, Parra Colmán convenció a sus padres para que le cedieran dos vehículos y retiró una suma de 140 millones de guaraníes de las cuentas bancarias de los mismos. Estos fondos eran vitales para la subsistencia de sus padres, especialmente considerando sus necesidades médicas, según relatan los documentos de la fiscalía.

La imputación establece que la acusada no solo afectó a sus padres, sino que también despojó a su hermana, Mirian Celeste Parra Colmán, de su derecho a herencia. Al haber transferido los bienes en vida, el patrimonio familiar quedó exclusivamente a nombre de María Lourdes, eliminando cualquier derecho de Mirian sobre estos activos.

Una vez concretada la transferencia de todos los bienes, los padres de María Lourdes intentaron recuperar su patrimonio. Al enterarse de que la supuesta deuda y el riesgo de embargo eran falsos, le solicitaron a la abogada que devolviera las propiedades. Sin embargo, esta se negó a devolver los bienes, provocando una ruptura familiar profunda y un perjuicio económico irremediable para sus padres, quienes quedaron sin acceso a los bienes que habían acumulado durante su vida.

ENGAÑO

La investigación de la Fiscalía refiere que Parra Colmán se aprovechó de la falta de conocimiento legal de sus padres y de la confianza que tenían en ella como abogada. Utilizó el pretexto de un embargo ficticio para infundir temor en sus padres, argumentando que la única forma de "proteger" su patrimonio era traspasándolo a su nombre.

Aún más, la transferencia de los vehículos de sus padres se realizó a nombre de José Cándido Da Silva Neto, pareja de la imputada, quien también figura en la denuncia como parte del esquema de engaño y apropiación de bienes familiares. De este modo, la familia quedó sin ningún tipo de recurso legal inmediato sobre los bienes, situación que generó un deterioro en la estabilidad económica y emocional de los ancianos.

Además del traspaso de los inmuebles y vehículos, la imputada también indujo a sus padres a cederle el control de sus cuentas bancarias. Con ello, María Lourdes Parra Colmán tuvo libre acceso para vaciar las cuentas, retirando un total de 140 millones de guaraníes. Estos fondos eran vitales para la subsistencia de la pareja de ancianos y para costear los tratamientos médicos que requieren debido a su edad.

De acuerdo con el Código Penal Paraguayo, la estafa es un delito grave que puede implicar hasta ocho años de prisión, especialmente cuando el daño causado es tan significativo como en este caso.