USD 335 millones transfirió Itaipu al Estado paraguayo hasta julio
La Ande recibió un total de USD 43 millones en carácter de utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión.
La Itaipu informó que la Entidad remesó a favor del Estado paraguayo, hasta julio del presente año, USD 335 millones en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). De esta forma, continúa transfiriendo en tiempo y forma los recursos establecidos en el Anexo C del Tratado.
Explicó que, de enero a julio de este año fueron transferidos USD 159 millones en concepto de royalties y USD 133 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera de la Binacional.
La Ande recibió un total de USD 43 millones en carácter de utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión.
En lo que respecta solo a los pagos de Itaipu en el séptimo mes, la transferencia por royalties alcanzó USD 21 millones, mientras que USD 30 millones se inyectaron por cesión de energía. A su vez, la Ande percibió USD 1,6 millones por resarcimientos. De esta manera, la suma total de las transferencias representó USD 53 millones en julio.
Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra importante porción del Tesoro Nacional se transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. Los aportes de Itaipu por Anexo C ayudan a los gobiernos departamentales y municipios para el desarrollo de programas, inversiones y obras esenciales; tales como merienda escolar, refacción de escuelas, centros de salud, infraestructura vial, entre otros.
En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y también son distribuidos a municipios y gobernaciones; según establecen las legislaciones nacionales. Igualmente, los pagos de Itaipu a la Ande le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.
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