Policiales y Judiciales

Anadelia Acosta renuncia como funcionaria de Diputados

Tras hacerse público el despojo que cometió contra dos familias humildes de Caaguazú.



La funcionaria Anadelia Acosta presentó su renuncia a la Cámara de Diputados tras ser imputada por el desvío de indemnizaciones de la ANDE.

 Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara de Diputados, presentó este viernes su renuncia en el marco de un proceso judicial en su contra por el presunto desvío de una indemnización otorgada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dos humildes familias del departamento de Caaguazú, cuyos familiares habían muerto a causa de malas instalaciones eléctricas de la estatal.

Su abogado, Marcial Ayala, acudió a la Dirección de Recursos Humanos para entregar la nota de renuncia, en la cual Acosta alega “motivos estrictamente personales” para su dimisión, además de expresar su intención de someterse al proceso penal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó a través de su cuenta de X sobre la renuncia de la funcionaria, quien está acusada de haber desviado fondos destinados a indemnizar a dos familias humildes de Caaguazú. Las familias debían recibir G. 800 millones en total, pero solo obtuvieron G. 600 millones. Su abogado valoró el acuerdo alcanzado con las familias como un paso importante y aseguró que el daño patrimonial se podría reparar mediante dicho acuerdo, aunque evitó responder preguntas sobre el destino de los G. 200 millones faltantes.

El representante legal también citó el Código Procesal Penal, que establece que la reparación integral del daño puede llevar a la extinción de la causa penal en ciertos casos. Sin embargo, el Ministerio Público sigue señalando a Acosta como una de las principales responsables del cobro irregular y desvío de las indemnizaciones, por lo que la causa penal continuará su curso.

En este proceso también están implicados el abogado Darío Aquiles Flores, la pareja de Acosta, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, y su padre, Juan Ramón Acosta, todos ellos imputados por los delitos de lesión de confianza, estafa y apropiación. Pese a los acuerdos de conciliación alcanzados, las investigaciones continúan mientras se busca esclarecer el manejo de los fondos y las responsabilidades individuales en el caso.