Condenan a 10 años de cárcel al exgobernador Hugo Javier
Además, otros cinco exfuncionarios de la Gobernación fueron sentenciados en el marco de la misma causa.
Los agentes fiscales Rodrigo Espínola, Néstor Coronel y Francisco Cabrera, en representación del Ministerio Público, lograron la condena del exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, a 10 años de pena privativa de libertad por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Tras el enjuiciamiento, las medidas sustitutivas serán revocadas y el condenado será remitido a la penitenciaría correspondiente. Además, otros cinco exfuncionarios de la Gobernación fueron sentenciados en el marco de la misma causa.
Entre los condenados figuran Miguel Ángel Robles Ibarra, exasesor y exdirector de Gabinete, quien recibió una pena de 10 años de prisión, con medidas sustitutivas que también serán revocadas para su remisión a prisión. Javier Marcelo Rojas Giménez, exdirector de Administración y Finanzas; Lourdes Lezcano Decoud, exsecretaria; Luis Eduardo Allende Araujo, extesorero; y Modesta Valiente, exsecretaria, fueron sentenciados a 2 años de prisión cada uno.
Durante el juicio oral y público, la representación fiscal presentó elementos probatorios contundentes que demostraron la responsabilidad de los acusados. Según se comprobó, durante la administración de Hugo Javier González se implementó un esquema delictivo que desvió G. 5.105.600.000 de fondos públicos destinados a proyectos de Reactivación Económica, asignados para obras civiles y viales en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, los proyectos nunca fueron ejecutados y carecían de los respaldos técnicos y financieros necesarios para justificar las resoluciones firmadas por el entonces gobernador.
Impacto del delito
En su alegato, el fiscal Rodrigo Espínola destacó que el daño causado “va más allá del monto sustraído, ya que se atentó directamente contra la capacidad del Estado paraguayo para atender una emergencia sanitaria, afectando profundamente a la población”. Los fiscales también argumentaron que los fondos asignados a la Gobernación no fueron utilizados conforme a los dos proyectos genéricos presentados por la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), dejando al descubierto un esquema delictivo que perjudicó significativamente los recursos públicos.
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