Policiales y Judiciales

Condenan a dos policías que cobraron para omitir denuncia en Itakyry

Recibieron una sanción de 3 años y 2 años y 6 meses, por por frustración de la persecución penal y cohecho pasivo agravado.



El Tribunal de Sentencia presidido por el magistrado Milciades Ovelar e integrado por sus pares Emilia Santos y Flavia Lorena Recalde condenó a dos agentes policiales por frustración de la persecución penal y cohecho pasivo agravado. El juicio oral concluyó este viernes en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

Los sentenciados son Teodoro Javier Paredes Duarte y Manuel Enrique Vázquez Sosa, quienes recibieron una sanción de 3 años y 2 años y 6 meses, respectivamente. El primero de los citados en calidad de jefe, mientras que el segundo como subalterno.

Refieren los antecedentes, que el hecho ocurrió el 18 de enero de 2021, siendo las 16:00 horas aproximadamente, en la Colonia Chino Cué, distrito de Itakyry, donde los hoy enjuiciados, en carácter de agentes activos de la Policía Nacional, asignados en el Puesto Policial N° 7, recibieron información sobre un supuesto hecho de intento de feminicidio y violencia familiar.

La víctima era Aurelia Peralta Torres, siendo supuesto autor su pareja Isabelino Quiñónez. La denuncia formal fue presentada por la hija de ambos, Wilma Graciela Ortiz.

Luego, acompañaron a la denunciante hasta el lugar de los hechos, corroborando que Peralta Torres efectivamente presentaba golpes y que necesitaba de una asistencia médica. No obstante, los oficiales intervinientes no prestaron auxilio, ni tampoco comunicaron sobre lo ocurrido a la Fiscalía, pese a la obligación que tenían de informar dentro de las 6 horas.

Asimismo, se corroboró que ni siquiera tomaron la denuncia por escrito, tal y como radicó la recurrente.

Al día siguiente, siempre de conformidad con los hechos en su forma relatada por la Fiscalía en juicio, los sindicados convocaron a la víctima y victimario, además de la hija de ambos, para llegar a un supuesto acuerdo policial, pidiendo la suma de dinero de 3 millones de guaraníes para el efecto.

En ese entonces, le dieron 1 millón de guaraníes a la afectada, para supuestos gastos médicos, al tiempo de prohibirle a Isabelino Quiñónez acercarse a su pareja en otros aspectos considerados sumamente graves por el Tribunal Permanente.

El caso salió a luz luego de que se viralizaran a través de la redes sociales, audios y videos sobre la violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Representó al Ministerio Público el agente fiscal Edgar Benítez.