Fiscal imputa a directivos de empresa Planagro por delitos ambientales
La firma ubicada en el km 9 Monday habría incumplido medidas de mitigación de impacto ambiental.
El fiscal Víctor Adolfo Santander presentó imputación contra dos directivos de la empresa Planagro S.A. por supuestos delitos ambientales. Ellos son Adriano Renato de Azeredo y Enory Casangrande, ambos de nacionalidad brasileña, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Garantías.
Según la investigación, los citados - como responsables de la firma ubicada en el kilómetro 9 Monday de Ciudad del Este- no cumplieron medidas de mitigación establecidas en su proyecto ambiental, al no almacenar adecuadamente los productos agroquímicos.
De esa manera, ejecutaron de manera deficiente las obligaciones legales, no tomando las medidas para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas intervenciones humanas.
Según la pesquisa, no tomaron en cuenta las medidas que deben estar consolidadas en un plan de mitigación, la que forma parte del estudio de impacto ambiental, que establece que los productos se deberán almacenar de forma ordenada, separados los agroquímicos granulados de los líquidos, almacenar los productos de acuerdo a la clase de toxicidad, medida que no se cumplía dentro del depósito de la firma en cuestión.
Igualmente, existen sospechas que los responsables del establecimiento comercializaban productos presumiblemente vencidos, pues no existe constancia en la carpeta fiscal el certificado de extensión de fecha de validez de los productos fitosanitarios, fertilizantes y afines. Además, varios bidones se encontraban dañados con derrames, mientras que un bidón de 20 litros de fertilizante estaba boca para bajo, ocasionando pérdida.
Las presuntas irregularidades fueron detectadas durante el allanamiento realizado en la firma, en cumplimiento del Auto Interlocutorio Nº 1673, firmado por la juez penal de garantías María de Fátima Burró.
El fiscal Víctor Adolfo Santander formuló una reserva expresa con relación a la eventual ampliación de la imputación, ya sea en cuanto a la plataforma fáctica, jurídica o probatoria, establecida en el proceso preliminar, especialmente teniendo en cuenta la participación de otras personas que podrían verse involucradas en la comisión del hecho punible investigado.
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