Estafaron por unos 1.400 millones de guaraníes a una treintena de personas, casi todas del entorno familiar.

El Tribunal presidido por el juez Herminio Montiel y conformado por las magistradas Alba Meza y Zunilda Martínez Noguera condenó a 10 años de pena privativa de libertad a un jubilado de Itaipú y su pareja por estafar unos 1.400 millones de guaraníes a una treintena de personas, casi todas de su entorno familiar.

El juicio oral concluyó este martes 28 de setiembre en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Los condenados están identificados como Carlos Yáñez López (62) y María Elsa Céspedes Céspedes (38).

Durante el debate, se comprobó que los acusados cometieron el hecho punible contra el patrimonio entre enero y diciembre de 2018 en contra de las siguientes personas: Rosa Isabel Carbajal Céspedes, María Elva Dávalos Araujo, Zunilda Concepción López Céspedes, Justino Céspedes Duarte, Emiliano Carbajal Céspedes, Fernando José Salas Lemos, Luz Pamela Esquivel Duarte, Sonia Colmán Sánchez, Arnaldo Bareiro Barrios, Fidelina Matos López y Ramona Céspedes de López.

Además de Gervacio Carbajal, Blanca Torres, Hilario Céspedes, Liz López, Silvia Carbajal, Zonia López, Blanca Céspedes, Rosana Céspedes, Lucía Godoy, Diego Maidana, Sandra Ibarra, Juan Carlos Carbajal, José Balbuena, Victoria Céspedes, Deisy Céspedes y Auda Céspedes.

El monto aproximado de la estafa asciende a 1.400 millones.

EL MODUS OPERANDI

Según se pudo probar durante el contradictorio público, los ahora condenados habían propuesto a las víctimas, la mayoría familiares, un negocio al que denominaban inversiones en una entidad bancaria (Itau), mediante depósitos de dinero que generarían intereses entre el 10 y 15 por ciento sobre el capital.

Para el efecto, el señor Carlos Yáñez ofreció su cuenta corriente en el banco Itau, manifestando que la entidad bancaría le ofrecía buenos intereses a medida que acumulaba capital. A su vez, María Elva promovía reuniones con los interesados, explicando que el negocio era rentable.

Además, daba cierta seguridad a partir de que el acusado Carlos Yáñez tenía solvencia económica al ser jubilado de la Itaipú Binacional, por lo que generaba confianza en el entorno familiar.

De esa manera, las víctimas entregaban sus ahorros, préstamos que hacían en diferentes entidades y producto de la venta de vehículos a la pareja. Otros pedían dinero a sus familiares que trabajan en España y de esa forma entregaban dinero a los acusados, que supuestamente rendiría entre 10 y 15 por ciento en intereses.

Al cabo del primer mes, los sindicados pagaban los supuestos intereses generados a los afectados y pedían más dinero, prometiendo una mayor ganancia a medida que aportaban. Sin embargo, al poco tiempo dejaron de pagar y tampoco devolvieron su dinero a los ahorristas. Éstos reclamaron a María Elva, quien alegó que fueron estafados por el banco en más de una ocasión, sin dar mayores detalles.

Tampoco dieron informaciones de la transacción con el banco y ni exhibieron documentos que acreditasen los depósitos realizados y los intereses supuestamente generados.

El Ministerio Público estuvo representado por la agente fiscal Analía Rodríguez. Mientras la defensa técnica estuvo ejercida por el abogado José Gill López.