La juez Cinthia Pineda habría utilizado su influencia en la Municipalidad de Franco para apropiarse de terreno ajeno y construir el Salón de Eventos Pineda.

Para reclamar su derecho, Mónica Andrea Espínola Urunaga, presentó ante la magistrada en lo Penal, Carina Frutos, la reapertura de la causa caratulada “Pedro Filemón Pineda Ríos y otros”, sobre invasión de inmueble ajeno, desestimada por resolución judicial en abril de 2015.

En su momento, la causa fue investigada por la entonces fiscal Haydee Barboza González, posteriormente nombrada juez penal de sentencias y echada del cargo por mal desempeño en sus funciones. La denunciante alega que su propiedad, ubicada en la manzana 46, lote 11, de Presidente Franco, fue invadida de propósito para la construcción de un salón de eventos, propiedad de la familia de la juez Cinthia Pineda, colindante con la de Espínola Urunaga.

Según los documentos arrimados con el pedido de reapertura, los familiares de la juez invadieron el terreno haciéndolo figurar como inmueble municipal, con el permiso de la Junta Municipal de Presidente Franco, para lo cual fraguaron números de fincas, de lotes y manzanas, y construyeron en el sitio el complejo social “Pineda Eventos”. Afirman que la fiscal no investigó el caso y se allanó “in límine” a todas las presentaciones de los Pineda Ríos, incluyendo los documentos de contenido falso, además de una supuesta prejudicialidad, cuando debió ampliar su investigación por otros hechos tipificados en la ley.

La noche de la inauguración de Pineda Eventos, la juez Cinthia Pineda ofició de representante ante cientos de invitados. Ahora ella está denunciada con pedido de desafuero. En ese entonces, Cinthia Pineda se desempeñaba como actuaria judicial y asistió a su padre, ejerciendo influencia para finalmente lograr el propósito, es decir, quedarse con el inmueble. “Se vulneró el derecho a la propiedad privada con simples documentos apócrifos”, señala parte de la presentación. Asimismo, pide la investigación del origen del dinero para los multimillonarios gastos que demandó la construcción del centro de eventos.

Espínola Urunaga presentó documentos emitidos por la Geodesia que demuestran las manipulaciones dolosas para favorecer los intereses de la ahora jueza Pineda y toda su familia, significando al mismo tiempo que su propiedad fue tasada en USD 294.000 (unos G. 1.800 millones al cambio actual), pero que la Junta Municipal adjudicó a la familia de la magistrada por la suma de G. 9.012.982, según resolución número 386/12, atacada como producción de documentos públicos de contenido falso.

Por último, el escrito hace alusión a la variación de los hechos que fundamentaron la desestimación de la causa en su oportunidad y exige la reapertura de la causa.