La sindicada fue detenida ayer durante una entrega vigilada realizada en la Plaza Central de la ciudad de Hernandarias. 

El fiscal Alberto Torres imputó a una mujer que habría extorsionado a un sacerdote para sacarle dinero bajo amenaza de ventilar la supuesta existencia de una hija, cuya paternidad le atribuye a la víctima.

Según la investigación, la sindicada en reiteradas ocasiones habría solicitado dinero al cura párroco, mediante mensajes de textos y llamadas telefónicas. Le amenazaba que publicaría en las redes sociales que tiene una hija de él, de una relación que supuestamente tuvieron. Le pedía entre 200.000 y 300.000 guaraníes.

El religioso inicialmente accedió a la petición a fin de evitar escándalos y realizó en varias ocasiones giros y también entregó personalmente plata a la sindicada, pese a no tener ninguna relación con la misma, según refiere en la denuncia radicada ante el Ministerio Público.

Luego, las extorsiones fueron más frecuentes. Incluso, la dama se presentaba presuntamente en la secretaría de la parroquia donde cumple funciones el sacerdote, para advertirle que armaría escándalos en el lugar frente a la gente si no cumplía con su exigencia. El último pedido realizado fue de 5 millones de guaraníes. 

A raíz de los supuestos chantajes y extorsiones, el afectado decidió poner al tanto de la situación a sus superiores. Posteriormente, con el acompañamiento del asesor jurídico de la Diócesis de Ciudad del Este, abogado Wilson Benítez, el afectado contactó con la ahora imputada a fin de realizar una prueba de ADN para determinar si realmente tiene una hija con la dama. 

De modo que el 30 de agosto pasado acordaron acudir hasta un laboratorio de la ciudad de Foz de Yguazú. Estando en el lugar, el encargado del local pidió el documento de identidad de la menor de edad, pero la misma no tenía consigo.

No obstante, el responsable del laboratorio procedió a la extracción de sangre, pero manifestó que para que la muestra sea analizada necesitaban la documentación de la pequeña, de 7 años. La encausada se comprometió a arrimar dicho documento. 

Sin embargo, jamás acercó la cédula de la niña y a raíz de eso no se pudo realizar la prueba de ADN, pero las amenazas de publicar en las redes sociales y de armar escándalos en el local de la parroquia continuaban.

Después se supo que la menor llevada a Foz de Yguazú es la sobrina de la mujer y no su hija. Incluso, se confirmó que la llevó al vecino país sin autorización de sus padres. Existe una denuncia formal al respecto presentada por el papá de la niña contra la responsable de tal hecho, en este caso su hermana. 

Al tener conocimiento de esta situación, y porque las supuestas extorsiones continuaban, el sacerdote presentó la acción contra la presunta extorsionadora, que derivó su detención y posterior procesamiento. De su poder, durante la entrega vigilada, fue incautada la suma de 1.500.000 guaraníes en billetes de 100 mil guaraníes previamente fotocopiados por autorización de la juez penal de garantías María de Fátima Burró.