A raíz del escándalo por la denuncia presentada contra un senador de la nación por incurrir en tráfico de influencias.

Durante la sesión ordinaria de esta semana, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por amplia mayoría, el proyecto de resolución “Que cita e interpela al señor Julio Fernández, Director Nacional de Aduanas”. Esto tiene como fin aclarar el intercambio de acusaciones entre el citado funcionario y el senador Martín Arévalo (ANR), ya de dominio público.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), refirió que este pedido de interpelación es solo para conocer las versiones que tienen los protagonistas de esta situación (en este caso, el Director de Aduanas), con respecto a las acusaciones sobre tráfico de influencia y la supuesta desaparición irregular de mercaderías.

"De parte nuestra, no tiene protección, pero sí queremos escuchar su versión; ver todos los mensajes que él tiene; escucharle a los funcionarios también", dijo el parlamentario, al ser consultado sobre este punto del orden del día.

Vale significar que el documento que guarda relación con la interpelación aprobada, cuenta con 27 preguntas en total.

Durante el debate, varios legisladores coincidieron en la necesidad de tomar la interpelación como un instrumento constitucional aclaratorio.

Situaciones como éstas, deben ser consultadas y conversadas con las autoridades, cuando así se requiera, concordaron.

“Existe un cruce de palabras que representa una situación gravísima y es lo que hay que aclarar”, acotó, en otro momento, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

La mesa directiva de la Cámara de Diputados deberá establecer fecha y horario para la convocatoria del titular de Aduanas, Julio Fernández, según se acordó en el pleno.

Como lo establece la reglamentación del artículo constitucional de referencia, el proyecto de resolución aprobado contenía un número de preguntas equivalentes a los dos tercios del total del cuestionario.

Dicho documento señala que “una vez resuelta la solicitud, el Presidente de la Cámara que realizará la interpelación, invitará al Ministro o al Funcionario, estableciendo, de común acuerdo, la fecha de su concurrencia al recinto”.

De no haber acuerdo sobre el día y hora, prevalecerá el criterio de la cámara interpelante; y la presidencia hará llegar al funcionario citado, el pliego de preguntas, con cinco días de anticipación, como mínimo.

“Será obligatoria la concurrencia del citado, salvo justa causa”, refiere la normativa.