"Las pruebas documentales determinarán la validez de los títulos y no mi influencia", afirma.
La jueza civil de Presidente Franco, Cynthia Pineda, salió al paso de publicaciones de medios de comunicación de la zona que la sindican de presionar en un litigio por el inmueble donde está asentado el salón de eventos Pineda, propiedad de sus padres.
Se hizo mención de la desestimación de una causa penal por invasión de inmueble a lo que la jueza respondió: "mi familia no tuvo participación, más que proveer las documentales que justifican la titularidad de mis padres sobre los inmuebles afectados por la edificación, con lo que se evidenció la legalidad de la obra, entonces, en estado ya avanzado; razones más que suficientes para la desestimación de la causa".-
Por otro lado, se abrió un juicio de mensura, del que se apartó la jueza Cynthia Pineda, apenas supo que sus padres eran afectados por la demanda planteada por la Sra. Mónica Espínola: "Dicho proceso voluntario, sigue su curso ante otro juzgado y, según informe pericial se constata una superposición parcial de los lotes, según los familiares afectados, quienes también cuentan con el título obtenido con las debidas formalidades, lo que les permitió construir, de buena fe, el ya conocido salón PINEDA EVENTOS".
"Ésta realidad fáctica - dice -obviamente da lugar a un litigio, donde las partes, en su momento, se acogerán a sus derechos pertinentes, conforme con las pruebas producidas, las que, finalmente determinarán cuál de los títulos es válido y no la influencia de mi figura como magistrada, que nunca existió, por más de que legalmente resulte compatible con mi función defender intereses propios y de familiares cercanos, resultando absurdo aquello de pretender usar mi influencia. En todo caso, se debe cuestionar a los funcionarios públicos que supuestamente fueron influenciados por mi persona, lo que, repito, jamás existió", resaltó la magistrada.
Agregó que sus padres adquirieron los dos inmuebles de los esposos Barreto Uronicz, en noviembre del 2011, donde edificaron el salón, luego de que los planos fueran aprobados por la municipalidad, a finales del año 2012.
"Llamativamente después de casi siete años de comenzar la obra y a casi tres años de funcionar el salón, pretenden reabrir un proceso ya desestimado, e inclusive agregan, de mala fe, una denuncia por producción de documentos no auténticos, con el único fin de forzar un acuerdo, a base de chantaje, dentro del cual manosean mi reputación de magistrada”, reza parte de la réplica remitida a los medios de comunicación.
La jueza hizo saber que ella y su familia están a disposición del Ministerio Público para todo lo que se requiera en la investigación, mientras que consideran que los abogados que representan a la contraparte de sus padres, actúan de mala fe, difundiendo informaciones falsas y presentando ante la opinión pública una supuesta presión que la magistrada Pineda estaría ejerciendo para torcer la resolución del proceso a favor de sus padres, lo que ella niega rotundamente,
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